Main Area

CONSEJO DE LA MAGISTRATURAPRONUNCIAMIENTO ABOGADAS INSTITUTO GENERO

Las abogadas del Instituto Juridico de Género rechazamos la “interpretación restrictiva” que impone como exigencia la alternancia varón y mujer, para la composición de una de las listas en el marco de elección de candidatos para el Consejo de la Magistratura; porque esto importa un profundo desconocimiento de las causas y razones que llevan a exigir la paridad de género en las listas.

Si bien, el art. 38 de la Ley 7955 exige que “ La postulación de precandidatos y candidatos deberá respetar la igualdad real de oportunidades garantizando la participación equivalente de géneros para el acceso a cargos electivos. En las listas deberán ubicarse indefectiblemente después de cada precandidato o candidato de un género otro del género distinto, y así sucesivamente, observando siempre la misma proporción. El género del candidato estará determinado por su documento de identidad independientemente de su sexo biológico. Quedan exceptuados de las presentes reglas los cargos unipersonales o cuando se eligiere un solo precandidato o candidato en la categoría. No será oficializada ninguna lista que no cumpla con los requisitos antes exigidos.

 

El principio de no regresividad obliga al Estado a no  tomar medidas que vulneren, menoscaben, afecten o disminuyan las conquistas sociales consecuentes con las normas internacionales de raigambre constitucional, como se pronuncian  la Cedaw y Convención de Belém do Para.

 

En dicho sentido,  las medidas de discriminación positiva han sido dispuestas por la Convención para la eliminación contra toda forma de discriminación de la mujer en su artículo 4. Como asimismo La Recomendación Nº 5 de la CEDAW, establece El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,  (...) revelan que, si bien se han conseguido progresos apreciables en lo tocante a la revocación o modificación de leyes discriminatorias, sigue existiendo la necesidad de que se tomen disposiciones para aplicar plenamente la Convención introduciendo medidas tendientes a promover de facto la igualdad entre el hombre y la mujer. Recordando el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, Recomienda que los Estados Partes hagan mayor uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo.

Tal como se ha sostenido por  organismos de jurisdicción internacional y Tribunales Federales con competencia electoral, que ha venido asignando a la Justicia Electoral como la garante del cumplimiento de las medidas que procuran la igualdad real de oportunidades entre las mujeres y varones para el acceso a cargos electivos y partidarios ; su incumplimiento por parte de la misma constituye una grave vulneración a los derechos civiles y políticos de las mujeres.

Las normas de la Constitución y las leyes son "explícitas" y "no dejan margen de duda" que las "acciones positivas" tienen su "razón de ser en la necesidad de equiparar la desigualdad que históricamente han sobrellevado las mujeres". Por lo tanto, ese "marco normativo no puede ser aplicado lisa y llanamente a otro grupo que no se encuentra en una condición real de inferioridad": los varones. 

Para avanzar hacia una sociedad igualitaria entre varones y mujeres es necesario que se comprenda que el punto de partida de unas y otros es asimétrico. 

El cupo femenino es un "piso mínimo y no un techo para la participación política de las mujeres"."La misión de los jueces" es cumplir la ley "sin sustituir al legislador". Que la lista tenga al frente a mujeres no resulta inconstitucional, a la luz del artículo 37 de la CN ("igualdad de oportunidades") y del 75 inciso 23 ("acciones positivas").

Siguiendo este orden de ideas, la interpretación de las leyes debe hacerse en un sentido global, teniendo en cuenta el contexto social y cultural en el que se dictan.

 Como profesionales del derecho no podemos ceñirnos a una interpretación literal de lo establecido en el art.  38 de ley 7955, mucho menos utilizar esta legislación para un provecho individual o de pocos.Tales prescripciones se enmarcan en una concepción progresiva de los derechos fundamentales que no sólo requieren del Estado una posición de mero garante neutral o abstencionista, sino que le encomienda remover los obstáculos para hacer verdaderamente efectiva la realización de tales derechos, en ese marco y no en otro es que debe interpretarse el concepto de "igualdad real de oportunidades" que la Constitución Nacional manda asegurar mediante la implementación de "acciones positivas" en los textos de los arts. 37 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional. 

Y no es un dato menor resaltar que, a pesar del avance que implicó contar con una ley de paridad en la provincia, hasta la actualidad en la Cámara de Diputados y Diputadas  contamos con tan sólo 12 diputadas, de 60 que tiene dicho cuerpo legislativo, otro tanto sucede en el Senado en donde sólo hay 3 de 24 senadores y senadoras aquí resalta a todas luces que la interpretación literal de la normativa, es cuanto menos selectiva y restrictiva dentro de una sociedad patriarcal y machista, sin dejar de mencionar que si bien el art. 38 de la ley 7955, no “aplicaría” a las listas de jueces postulados por el Poder Judicial para integrar el Consejo de la Magistratura, esta resulta contraria a la paridad de género consagrada por la normativa, ya que las mismas se encuentran conformadas por titulares y suplentes varones, sin considerar siquiera la participación de alguna jueza en dichos cargos electivos.

 

Autoridades del Instituto de Género

Directora: Dra. Gloria Cruz

Vicedirectora: Dra. Flavia Garagorri

Secretaria: Dra. Josefina Arancibia Lemos

 

 

Autor: fadialz


2020 COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SALTA . Todos los derechos reservados.