Código de Ética del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Ámbito de aplicación: Las disposiciones del presente Código de Ética serán de aplicación a todo matriculado en este Colegio en el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal y/o ante Tribunales Federales, como asimismo en el supuesto contemplado en el artículo 4 párrafo segundo de la Ley 23.187.
Artículo 2.- Comienzo de vigencia: Las disposiciones del presente Código de Ética comenzarán a regir desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y sin perjuicio de toda otra forma de publicidad que dispongan las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, anterior o posterior a la publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 3.- Órganos de aplicación: Son órganos de aplicación de las disposiciones de este Código de Ética, los establecidos por la Ley 23.187, conforme las vías y procedimientos regulados en la misma y por el Reglamento de Procedimientos del Tribunal de Disciplina (B.O. Nro. 26.100, 6 de Marzo de 1987).
Artículo 4.- Heteronomía: Las disposiciones del presente Código de Ética no podrán ser modificadas o dejadas sin efecto, ni excusarse deberes u obligaciones profesionales allí contenidos por acuerdo de partes, por lo que son nulos los convenios o acuerdos respecto de temas comprendidos en este Código de Ética, o la renuncia a su exigibilidad.
Artículo 5.- Interpretación: Se adopta como principio general para la interpretación de las disposiciones de este Código de Ética el establecido en el segundo parágrafo del artículo 1 de la Ley 23.187: “La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja”.
Capítulo 2
Deberes fundamentales del abogado respecto del orden jurídico-institucional
Artículo 6.- Afianzar la Justicia: Es misión esencial de la abogacía el afianzar la justicia y la intervención profesional del abogado, función indispensable para la realización del derecho.
Artículo 7.- Defensa del Estado de Derecho: Es deber del abogado preservar y profundizar el Estado de Derecho fundado en la soberanía del pueblo y su derecho de autodeterminación.
Artículo 8.- Abogacía y Derechos Humanos: Es consustancial al ejercicio de la abogacía la defensa de los Derechos Humanos, entendidos como la unidad inescindible de derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales, conforme los contenidos de la Constitución Nacional, y de las declaraciones, cartas, pactos y tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
Artículo 9.- Abogacía y Usurpación del Poder Político: Es contrario y violatorio de los deberes fundamentales del ejercicio de la abogacía, el prestar servicio a la usurpación del poder político, aceptando ingresar a cargos que impliquen funciones políticas, o a la magistratura judicial.
Capítulo 3
Deberes fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía
Artículo 10.- Son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía:
a) Utilizar las reglas de derecho para la solución de todo conflicto, fundamentado en los principios de lealtad, probidad y buena fe.
b) Tener un domicilio fijo y conocido para la atención de los asuntos profesionales que se le encomienden.
c) Atender su permanente capacitación profesional.
d) Abstenerse de promover la utilización de su firma para obtener un resultado favorable en gestión que responda al trabajo efectivo de otro profesional.
e) Abstenerse de permitir la utilización de su nombre para nominar Estudio Jurídico con el que no guarde vinculación profesional.
f) Abstenerse de publicitar sus servicios sin la mesura y el decoro exigidos por la dignidad de la profesión o en base al monto de los honorarios a percibir, o que pueda inducir a engaño.
g) Evitar cualquier actitud o expresión que pueda interpretarse como tendiente a aprovechar toda influencia política o cualquier otra situación excepcional.
h) El abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad al relevamiento del secreto profesional, negándose a responder las preguntas que lo expongan a violarlo. Sólo queda exceptuado: a) Cuando el cliente así lo autorice; b) Si setratare de su propia defensa.
i) El abogado debe defender el derecho a la inviolabilidad del estudio y de los documentos que le hubiesen sido confiados.
Capítulo 4
Deberes fundamentales de los abogados respecto del Colegio Público
Artículo 11.- Deber de Colaboración: Es deber del abogado prestar su concurso personal para el mejor éxito de los fines del Colegio Público. Debe aceptar los nombramientos de oficio o que por sorteo efectúen sus autoridades para asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en forma gratuita litigantes carentes de suficientes recursos, salvo excusación fundada concebida conforme al reglamento respectivo. Asimismo, debe comunicar todo cambio de domicilio que efectúe , y la cesación o reanudación de sus actividades profesionales. También debe contribuir a su sostenimiento, satisfaciendo puntualmente la cuota anual y el derecho fijo que corresponda.
Artículo 12.- Observancia de la dignidad de la Abogacía: Es deber del abogado comunicar al Colegio Público de Abogados de la Capital Federa todo acto o conducta que afecte gravemente la dignidad de la abogacía.
Artículo 13.- Diligencia en el cumplimiento de su Mandato: El abogado que hubiere sido electo miembro de alguno de los órganos del Colegio Público, tiene el deber de cumplir con lealtad y buena fe en sus funciones.
Capítulo 5
Deberes fundamentales del abogado respecto de sus colegas
Artículo 14.- Dignidad y Ecuanimidad: Todo abogado debe respetar la dignidad de sus colegas y hacer que se la respete. No debe compartir la maledicencia del cliente hacia su anterior abogado ni respecto del que represente o patrocine a la contraparte. Debe abstenerse de expresiones indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales que puedan resultar ofensivos o discriminatorios. Los sentimientos hostiles que puedan existir entre los clientes no deben influir en la conducta y disposición de los abogados entre sí.
Artículo 15.- Todo abogado debe dar aviso fehaciente al colega que haya intervenido previamente en el caso de reemplazarlo o participar en la representación, patrocinio o defensa. Esto no será necesario cuando el letrado anterior hubiera renunciado expresamente o se le hubiera notificado la revocación de tal mandato o patrocinio. El abogado no debe tratar, directa o indirectamente, ni arribar a ningún tipo de convenio o acuerdo con personas patrocinadas y/o asesoradas por otro colega, sin la intervención o conocimiento de éste.
Artículo 16.- Captación de Clientes: Todo abogado debe abstenerse de realizar acciones o esfuerzos, directos o indirectos, por sí o por interpósita persona, para atraer asuntos o clientes de otro abogado.
Artículo 17.- Todo abogado debe abstenerse de utilizar o aceptar la intervención de gestores o corredores para captar clientes.
Artículo 18.- Es deber del abogado cumplir estrictamente los acuerdos o convenios escritos o verbales que realice con sus colegas.
Capítulo 6
Deberes fundamentales del abogado para con su cliente
Artículo 19.- Deber de Fidelidad: El abogado observará los siguientes deberes:
a) Decir la verdad a su cliente, no crearle falsas expectativas, ni magnificar las dificultades, o garantizarle el buen resultado de su gestión profesional y atender los intereses confiados con celo, saber y dedicación.
b) Considerar la propuesta del cliente de realizar consultas en situaciones complejas o profesionales especialistas, sin que ello sea tenido como falta de confianza. La negativa fundada del profesional no constituirá falta ética.
c) Abstenerse de disponer de los bienes o fondos de su cliente aunque sea temporalmente, rindiendo cuenta oportuna de lo que perciba.
d) Poner en conocimiento inmediato de su cliente las relaciones de amistad, parentesco o frecuencia de trato con la otra parte, o cualquier otra circunstancia que razonablemente pueda resultar para el cliente un motivo determinante para la interrupción de la relación profesional.
e) Abstenerse de colocar, en forma permanente, a un colega en su lugar, sin el consentimiento de su cliente, salvo caso de impedimento súbito o imprevisto, o de integrar asociaciones profesionales en un Estudio Jurídico, debiendo mantener siempre la responsabilidad frente a su cliente.
f) Proporcionar a su cliente información suficiente acerca del Tribunal u organismo donde tramite el asunto encomendado, su estado y marcha, cuando así se lo solicite, en forma y tiempo adecuados.
g) Abstenerse de representar, patrocinar y/o asesorar, simultánea o sucesivamente, intereses opuestos, en la misma causa.
h) No anteponer su propio interés al de su cliente, ni solicitar o aceptar beneficios económicos de la otra parte o de su abogado.
i) En causa penal o en actuaciones que puedan lesionar derechos y garantías constitucionales del cliente, el abogado velará por la preservación de los mismos, denunciando ante la autoridad competente y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, toda afectación a dichos derechos y garantías, particularmente, si ponen en riesgo la vida, la dignidad personal, la libertad individual o la integridad física y psíquica del cliente.
Artículo 20.- Libertad de actuación: El abogado es libre de aceptar o rechazar asuntos en los que se solicite su intervención profesional, sin necesidad de expresar los motivos de su determinación, salvo en los casos de nombramiento de oficio o cuando actúe en relación de dependencia y sujeto a directivas del principal. En estos casos, el abogado podrá justificar su declinación fundándose en normas éticas o legales que puedan afectarlo personal o profesionalmente.
Artículo 21.- Renuncia al desempeño profesional: Cuando el abogado renuncie al patrocinio o representación, cuidará que ello no sea perjudicial a los intereses de sus clientes.
Capítulo 7
Deberes fundamentales respecto de la administración de justicia
Artículo 22.- Deber en el ejercicio profesional: Serán consideradas faltas de ética las siguientes:
a) No guardar un estilo adecuado a la jerarquía profesional en las actuaciones ante el poder jurisdiccional y órganos administrativos.
b) Incurrir en procesos o actuaciones en expresiones agraviantes respecto de magistrados, funcionarios o empleados.
c) Efectuar desgloses o retirar expedientes, copias o actuaciones sin recibo o autorización.
d) Valerse a sabiendas de pruebas falsas así calificadas judicialmente, constituyan o no fraude procesal.
e) Incurrir en temeridad o malicia, así calificadas judicialmente sin que dicha calificación sea vinculante para el Tribunal de Disciplina. Ello, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 5 incisob) del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Disciplina.
f) No hacer preservar el respeto que se le debe al abogado como auxiliar de la Justicia.
Artículo 23.- Publicidad de Sentencias: Es deber del abogado no difundir o dar a publicidad sentencias que no se encontraren firmes sin hacer constar tal circunstancias.
Artículo 24.- Falsedad de citas: Es falta ética efectuar citas doctrinarias o jurisprudenciales inexistentes, o exponerlas en forma tal que falseen la opinión o el fallo invocados, o realizar falsas transcripciones de resoluciones judiciales o escritos del contrario.
Capítulo 8
De la sanción disciplinaria
Artículo 25.- SANCIONES: La violación de los deberes y obligaciones contenidos en la Ley 23.187, y en éste Código de Ética, será sancionada disciplinariamente conforme las previsiones del artículo 45 de la Ley 23.187 y las normas contenidas en el presente Capítulo.
Artículo 26.- GRADUACION DE LA SANCION: Corresponde al Tribunal de Disciplina establecer, en su caso, las sanción disciplinaria a aplicarse, con sujeción a las previsiones contenidas en el artículo 45 de la Ley 23.187 y las del presente Capítulo.
a) A los efectos de este Código de Ética se considera falta leve a aquella conducta que, infringiendo un deber u obligación emergentes de la Ley 23.187 o de este Código, sea de limitada trascendencia para el correcto ejercicio de la abogacía.
b) A los efectos de este Código de Ética se considerará falta grave a aquella conducta que afecte deberes relativos al orden jurídico institucional o que, infringiendo un deber u obligación emergentes de la Ley 23.187 o de este Código, sea de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la abogacía.
c) Serán considerados, para la graduación de la sanción disciplinaria, la situación personal del abogado afectado y las siguientes circunstancias atenuantes o agravantes:
1) La menor o mayor antigüedad en la matrícula, teniéndose por tal la correspondiente a la primer matriculación del abogado o actividad judicial o notarial en cualquier ámbito del territorio nacional.
2) Se registren, o no, otros antecedentes de sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina instituido por la Ley 23.187, teniendo en cuenta el lapso que medie entre las sanciones aplicadas y el caso a decidir. No se computarán como antecedentes las sanciones disciplinarias respecto de las cuales hubieran transcurrido más de dos años desde que quedara firme su imposición, salvo la prevista en el punto 1) inciso e) del artículo 45 de la Ley 23.187.
Artículo 27.- EXCLUSION DE LA MATRICULA: Sólo podrá aplicarse la sanción disciplinaria de exclusión de la matrícula, en los supuestos contenidos en los puntos 1) y 2) del inciso e) del artículo 45 de la Ley 23.187.
Artículo 28.- REGLAS DE APLICACION DE LAS RESTANTES SANCIONES DISCIPLINARIAS: Para la aplicación de las sanciones disciplinarias enumeradas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 45 de la Ley 23.187, el Tribunal de Disciplina sujetará su decisión a las siguientes normas:
a) Corresponderá la aplicación de las sanciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 45 de la Ley 23.187 en los casos de faltas leves;
b) Corresponderá aplicar las sanciones contenidas en los incisos c) y d) del artículo 45 de la Ley 23.187 en los casos de faltas graves;
c) La reiteración de las faltas leves no podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en el inciso d) del artículo 45 de la Ley 23.187.
Aprobado por la Asamblea de Delegados, en su sesión del día 31 de marzo de 1987.
Fdo.: Félix Roberto Loñ, Presidente de la Asamblea de Delegados; Jorge Ricardo Enríquez,
Secretario General de la Asamblea de Delegados; Horacio Guido Gotta, Secretario de Actas de la
Asamblea de Delegados.
Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial, según lo dispuesto por el artículo 2 del presente
Código de Ética y de acuerdo a lo ordenado por el Consejo Directivo, en su sesión de fecha 15 de
abril de 1987.
Publíquese por un (1) día en los diarios “El Derecho”, “La Ley” y “Jurisprudencia Argentina”, según
lo ordenado por el Consejo Directivo, en su sesión del día 6 de mayo de 1987.
Fdo.: Alberto Antonio Spota, Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo de 1987.
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Ley 23187
Sancionada: Junio 5 de 1985 – Promulgada: Junio 25 de 1985
Requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal, Jerarquía, deberes y derechos, Matrícula. Colegiación.
TITULO I
De los abogados
CAPITULO I
Requisitos para el ejercicio profesional
ARTICULO 1° – El ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal se regirá por las prescripciones de la presente ley y subsidiariamente por las normas de los códigos de procedimientos nacionales y demás leyes que no resulten derogadas por ésta.
La protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que la menoscabe o restrinja.
ARTICULO 2° – Para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la Capital Federal se requiere:
a) Poseer título habilitante expedido por autoridad competente;
b) Hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por esta ley se crea.
No será exigible este requisito al profesional que litigue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o ante tribunales o instancias administrativas, por causas originadas en tribunales federales o locales en las provincias;
c) No encontrarse incurso en las incompatibilidades o impedimentos previstos en el artículo siguiente.
ARTICULO 3° – No se podrá ejercer la profesión de abogado en la Capital Federal en los siguientes casos:
a) Por incompatibilidad:
1. El presidente y vicepresidente de la Nación, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Nación, el procurador y subprocurador del Tesoro de la Nación, el intendente municipal de la Ciudad de Buenos Aires y los secretarios de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
2. Los legisladores nacionales y concejales de la Capital Federal, mientras dure el ejercicio de su mandato, en causas judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que particulares tengan intereses encontrados con el Estado nacional, La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sus respectivos entes autárquicos y/o empresas del Estado, excepto en las causas penales y correccionales
3. Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales de cualquier fuero y jurisdicción; los que se desempeñen en el ministerio público, Fiscalía Nacional de Investigaciones administrativas, los integrantes de Tribunales Administrativos excepto cuando el ejercicio profesional resulte una obligación legal, representando o patrocinando al Estado nacional, provincial o municipal.
4. Los miembros de las fuerzas armadas e integrantes de sus tribunales, de sus cuadros u organizaciones y los funcionarios y autoridades integrantes de los cuerpos de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional Aeronáutica, Servicio Penitenciario Nacional, policías provinciales, cuando las normas que regulen a dichas instituciones así lo dispongan.
5. Los magistrados y funcionarios de los tribunales municipales de faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
6. Los abogados, jubilados como tales, cualquiera sea la jurisdicción donde hayan obtenido la jubilación, en la medida dispuesta por la legislación previsional vigente en la fecha en que se obtuvo la jubilación.
7. Los abogados que ejerzan la profesión de escribano público.
8. Los abogados que ejerzan la profesión de contador público, martillero o cualquier otra considerada auxiliar de la justicia, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el tribunal o juzgado en que hayan sido designados como auxiliares de la justicia, y mientras duren sus funciones.
9. Los magistrados y funcionarios judiciales jubilados como tales, limitándose la incompatibilidad a la actuación ante el fuero al que hubieran pertenecido y por el término de dos (2) años a partir de su cese.
b) Por especial impedimento:
1. Los suspendidos en el ejercicio profesional por el Colegio que crea esta ley.
2. Los excluidos en la matrícula profesional, tanto de la Capital Federal como de cualquier otra de la República, por sanción disciplinaria aplicada por el Colegio o por los organismos competentes de las provincias y mientras no sean objeto de rehabilitación.
ARTICULO 4° – Los abogados comprendidos en las incompatibilidades del artículo anterior deberán comunicar fehacientemente –en tiempo hábil– tal circunstancia al Consejo Directivo, denunciando la causal y el lapso de su duración, de lo que se tomará debida nota en la matrícula. La omisión de la denuncia mencionada lo hará pasible de la sanción prevista en la presente ley.
No obstante, podrán actuar en causa propia o en la de su cónyuge, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, pupilo o adoptado, así como también en las que sean inherentes a su cargo o empleo, pudiendo devengar honorarios conforme a las leyes.
CAPITULO II
Jerarquía del abogado;
Deberes y derechos
ARTICULO 5° – El abogado en el ejercicio profesional, estará equiparado a los magistrados en cuanto a la consideración y respeto que se le debe.
Sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder a quien no observare esta norma, el abogado afectado tendrá derecho a efectuar una reclamación ante el superior jerárquico del infractor, que deberá tramitarse sumariamente. Además, el afectado deberá comunicar de inmediato al Colegio cualquier violación de la presente norma quien podrá constituirse en parte en dichas actuaciones.
ARTICULO 6° – Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio de otros que se señalen en leyes especiales, lo siguiente:
a) Observar fielmente la constitución Nacional y la legislación que en su consecuencia se dicte;
b) Aceptar y ejercer los nombramientos de oficio que por sorteo efectúen las autoridades del Colegio para asesorar, defender o patrocinar jurídicamente en forma gratuita, a litigantes carentes de suficientes recursos;
c) Tener estudio o domicilio especial dentro del radio de la Capital Federal;
d) Comunicar al Colegio todo cambio de domicilio que efectúen así como también la cesación o reanudación de sus actividades profesionales;
e) Comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional;
f) Observar con fidelidad el secreto profesional, salvo autorización fehaciente del interesado.
ARTICULO 7° – Son derechos específicos de los abogados, sin perjuicio de los acordados por otras disposiciones legales, los siguientes:
a) Evacuar consultas jurídicas y percibir remuneración; (Nota Infoleg: Por art. 1° apartado 6° del Decreto N° 240/1999 B.O. 23/3/1999, se identifica como normativa derogada la parte del Artículo 7° inciso a) de la Ley N° 23.187 que dice: ” no inferior a la que rijan las leyes arancelarias”).
b) Defender, patrocinar y/o representar judicialmente a sus clientes;
c) Guardar el secreto profesional;
d) Comunicarse libremente con sus clientes respecto de los intereses jurídicos de éstos, cuando se hallaren privados de libertad;
e) La inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio. En caso de allanamiento, la autoridad competente que hubiere dispuesto la medida deberá dar aviso de ella al Colegio al realizarla, y el abogado podrá solicitar la presencia de un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo.
ARTICULO 8° – Sin perjuicio de los demás derechos que les acuerdan las leyes, es facultad de los abogados en el ejercicio de su profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las cuestiones que se les hayan encomendado y, asimismo, tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias administrativas en las que existan registros de antecedentes. Se exceptúan de esta disposición aquéllas informaciones de carácter estrictamente privados y aquéllos registros y archivos cuyas constancias se declaren reservadas por disposición legal. En estos casos el abogado deberá requerir el informe por intermedio del juez de la causa.
ARTICULO 9° – En dependencias policiales, penitenciarías o de organismos de seguridad, deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de cualquier persona y el nombre del juez a cuyo cargo se hallare la causa.
Dicho informe deberá ser proporcionado por escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán establecerse horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las veinticuatro horas del día. La sola exhibición de la credencial otorgada por el Colegio es requisito suficiente para acreditar la condición de abogado.
ARTICULO 10. – Queda expresamente prohibido a los abogados:
a) Representar, patrocinar y/o asesorar simultánea o sucesivamente, en una misma causa, intereses opuestos;
b) Ejercer la profesión en procesos en cuya tramitación hubiera intervenido anteriormente como juez de cualquier instancia, secretario o representante del ministerio público;
c) Autorizar el uso de su firma o nombre a personas que, sin ser abogados, ejerzan actividades propias de la profesión;
d) Disponer la distribución o participación de honorarios con personas que carezcan de título habilitante para el ejercicio profesional;
e) Publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética profesional;
f) Recurrir directamente, o por terceras personas, a intermediarios remunerados para obtener asuntos.
TITULO II
Inscripción de la Matrícula
CAPITULO UNICO
Matrícula de Abogados
ARTICULO 11. – Para inscribirse en la matrícula del Colegio que por esta ley se crea, se requiere:
a) Acreditar la identidad personal;
b) Presentar título de abogado expedido y/o reconocido por autoridad nacional y competente;
c) Denunciar el domicilio real y constituir uno especial en la Capital Federal;
d) Declarar bajo juramento no estar afectado por ninguna de las incompatibilidades o impedimento referidos en el artículo 3 de la presente ley;
e) Prestar juramento profesional;
f) Abonar las sumas que establezca la reglamentación.
ARTICULO 12. – El Consejo Directivo del Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos por el artículo 11 de la presente ley y deberá expedirse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud. La falta de resolución dentro del mencionado plazo de diez (10) días hábiles implicará tener por aceptada la solicitud del peticionante.
ARTICULO 13. – El rechazo del pedido de inscripción sólo podrá fundarse en el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el artículo 11 y deberá ser decidido por el voto como mínimo de los dos tercios (2/3) de los miembros del Consejo. En caso de denegatoria, el peticionante interesado podrá interponer recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, el que deberá ser deducido y fundado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la correspondiente notificación. El recurso se concederá al solo efecto devolutivo. La cámara dará traslado por cinco días hábiles al Colegio. Vencido este plazo, el Tribunal resolverá la apertura a prueba por veinte (20) días, si hubiera sido solicitada por el apelante y considerara procedente la misma. En caso contrario, llamará autos para resolver.
La resolución deberá producirse dentro de los veinte (20) días hábiles e improrrogables al llamamiento de autos para resolver. El Colegio al contestar el traslado no podrá invocar, aludir o referirse a hechos que no hayan sido objeto de mención o de consideración, en la resolución denegatoria. De no observarse este requisito, la cámara, a pedido de parte o de oficio, dispondrá el desglose del escrito teniéndose por no presentado.
Para la sustanciación del recurso se aplicarán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, referentes al recurso de apelación.
ARTICULO 14. – El Colegio tendrá a su cargo la actualización y depuración de la matrícula de los abogados, debiendo comunicar las modificaciones que se operen en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
ARTICULO 15. – Los abogados matriculados que, con posterioridad a la inscripción, estén incursos en algunas de las incompatibilidades especificadas en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, del inciso a) del artículo 3 podrán reincorporarse a la matrícula al cesar las causas de incompatibilidad allí enunciadas.
ARTICULO 16. – El abogado, una vez aprobada su inscripción en la matrícula, en formal acto público ante el Colegio prestará juramento de fidelidad en el ejercicio de su profesión a la Constitución Nacional y a las reglas de ética profesional.
Prestado que sea el juramento se le hará entrega de la credencial o certificado respectivo, comunicándose su inscripción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
TITULO III
Colegiación de los Abogados
CAPITULO I
Creación del Colegio. Denominación. Matriculación. Personería
ARTICULO 17. – Créase el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que controlará el ejercicio de la profesión de abogado y tendrá a su cargo el gobierno de la matrícula respectiva en el ámbito geográfico de la Capital Federal y con referencia a las actuaciones profesionales en tal jurisdicción, ajustándose a las disposiciones de esta ley.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público.
Sin perjuicio de las remisiones especiales, la actuación del Colegio que se refiere al ejercicio del cometido administrativo que esta ley le habilita, se regirá observando supletoriamente la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.
Prohíbese el uso por asociaciones o entidades particulares que se constituyan en lo sucesivo de la denominación Colegio Público de Abogados de la Capital Federal u otras que por su semejanza puedan inducir a confusiones.
ARTICULO 18. – Serán matriculados al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal los abogados actualmente inscriptos en la matrícula llevada por la Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los abogados que en el futuro se matriculen en el Colegio conforme la disposiciones de esta ley.
Declárase obligatoria la matriculación prevista, no pudiendo ejercerse la profesión en caso de no estar efectuada la matriculación dispuesta.
ARTICULO 19. – La matriculación en el Colegio implicará el ejercicio del poder disciplinario sobre el inscripto y el acatamiento de éste al cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley.
CAPITULO II
Finalidad. Funciones.
Deberes y Facultades.
ARTICULO 20. – El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tendrá las siguientes finalidades generales:
a) El gobierno de la matrícula de los abogados que ejerzan su profesión en la Capital Federal, sea habitual o esporádicamente salvo el caso previsto por el artículo 2, inc. b) de la presente ley;
b) El ejercicio del poder disciplinario sobre los matriculados;
c) Defender a los miembros del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados y afianzar la armonía entre ellos;
d) La promoción y organización de la asistencia y defensa jurídica de las personas que carezcan de recursos económicos y la cooperación con los poderes públicos para el logro integral de esta finalidad;
e) La contribución al mejoramiento de la administración de justicia haciendo conocer y señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su funcionamiento;
f) Evacuar las consultas que les sean requeridas en cuanto a la designación de los magistrados;
g) El dictado de las normas de ética profesional, que inexcusablemente deberán observar los abogados, y la aplicación de las sanciones que aseguren su cumplimiento;
h) La colaboración con los poderes públicos en la elaboración de la legislación en general.
ARTICULO 21. – Para el cumplimiento de sus finalidades, ajustará su funcionamiento a las siguientes funciones, deberes y facultades:
a) Tendrá el gobierno y contralor de la matrícula de abogados, ejerciendo el poder disciplinario sobre los mismos a través del Tribunal de Disciplina y conforme a las normas establecidas en la presente ley y reglamento que dicte la Asamblea de Delegados;
b) Vigilará y controlará que la abogacía no sea ejercida por personas carentes de título habilitante, o que no se encuentren matriculados. A estos fines, estará encargada específicamente de ello una Comisión de Vigilancia que estará integrada por miembros del Consejo Directivo;
c) Aplicará las normas de ética profesional que sancione la Asamblea de Delegados, como también toda otra disposición que haga al funcionamiento del Colegio;
d) Controlará el efectivo cumplimiento de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados matriculados;
e) Administrará los bienes y fondos del Colegio de conformidad a la presente ley, al reglamento interno que sancione la Asamblea de Delegados y, en especial, conforme al presupuesto de gastos y cálculos de recursos que anualmente apruebe la Asamblea de Delegados;
f) Cooperará en los estudios de planes académicos y/o universitarios de la abogacía, el doctorado y de cursos jurídicos especiales, realizando o participando en trabajos, congresos, reuniones y conferencias, y destacando estudiosos y especialistas de entre sus matriculados;
g) Fundará y sostendrá una biblioteca pública, esencialmente jurídica y establecerá becas y premios que estimulen y propicien la profundización del estudio y especializaciones en las ciencias jurídicas;
h) Dictará por iniciativa del Consejo Directivo y aprobación de la Asamblea de Delegados, el Reglamento Interno del Colegio y sus modificaciones;
i) Intervendrá como árbitro en las causas que le sean sometidas, tanto en cuestiones en que sea parte el Estado, los particulares o las que se susciten entre profesionales, o entre estos y sus clientes;
j) Tutelará la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes, estando investido a esos efectos la legitimación procesal para ejercitar la acción pública;
k) A los fines previstos en el inciso e) del artículo anterior, el Colegio estará facultado para solicitar el enjuiciamiento de magistrados siempre que en la decisión concurra el voto de los dos tercios (2/3) de los integrantes del Consejo Directivo.
ARTICULO 22. – Sólo se entenderá como pedido de intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al Poder Ejecutivo Nacional por la transgresión de normas legales o reglamentarias aplicables al mismo, el que formule un número no inferior al 51 % de los Delegados a la Asamblea.
El interventor designado deberá en todo caso convocar a elecciones que deberán realizarse en un plazo no superior a los noventa (90) días, contados desde la fecha de la intervención.
Las autoridades que se elijan ejercerán sus mandatos por todo el término de ley.
CAPITULO III
Organos del Colegio
Su modo de constitución.
Competencia.
ARTICULO 23. – El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se compondrá de los siguientes órganos:
a) Asamblea de Delegados;
b) El Consejo Directivo;
c) El Tribunal de Disciplina.
ARTICULO 24. – La Asamblea de Delegados se integrará con los abogados matriculados que elijan los mismos en número equivalente a uno (1) por cada doscientos (200), o fracción mayor de cien (100).
Se elegirá igual número de titulares como de suplentes. Cada lista podrá presentar la cantidad de candidatos que considere conveniente. Para ser delegado se requiere una antigüedad de tres (3) años de inscripción en la matrícula. Los suplentes reemplazarán a los titulares de la misma lista por la cual hubiesen sido electos y en el orden en que figuraban. La adjudicación de cargos se hará por el procedimiento siguiente:
1. Se sumarán los votos computados como válidos por todas las listas oficializadas, sin incluir los votos en blanco y anulados, que no se tomarán en cuenta;
2. La suma así obtenida se dividirá por el número de cargos a distribuir. Ese será el “cuociente de representación”. Las listas que no alcancen a ese “cuociente” no tendrán representación alguna.
3. La suma de los votos obtenidos por las listas que tendrán representación se dividirá por el número de cargos a cubrir y el resultado será el “cuociente electoral”. El total de los votos obtenidos por cada lista se dividirá por el “cuociente” de adjudicación o electoral , e indicará el número de cargos que le corresponderá.
4. Si la suma del número de cargos resultantes de la aplicación del punto precedente, no alcanzara el número de cargos a cubrirse, se adjudicará una representación más a cada lista por orden decreciente de residuo hasta completar dicho número. Si dos o más listas tuvieren igual residuo y correspondiere adjudicar un nuevo cargo más, éste será atribuido a la lista que hubiere obtenido mayor número de votos.
La elección se efectuará por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados.
ARTICULO 25. – Los delegados durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos.
ARTICULO 26. – El Consejo Directivo estará compuesto por un presidente, un vicepresidente 1ro, un vicepresidente 2do, un secretario general, un prosecretario general, un tesorero, un protesorero, y ocho (8) vocales titulares y quince (15) vocales suplentes. Para ser miembro del Consejo Directivo se requiere tener una antigüedad mínima de cinco (5) años de inscripción en la matrícula.
ARTICULO 27. – Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados por el sistema de lista.
La lista que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudicará la presidencia y ocho (8) cargos titulares más, así como nueve (9) suplentes como mínimo. Los restantes cargos se distribuirán en forma proporcional entre las listas que hayan obtenido como mínimo el quince por ciento (15 %) de los votos válidos emitidos, aplicándose el sistema de distribución previsto por el artículo 24.
A tal fin, si la lista ganadora hubiera obtenido mayor cantidad de votos que la requerida por el sistema de adjudicación establecido en el artículo 24 (para obtener el mínimo de cargos que este artículo le atribuye). Participará en la distribución de los demás cargos, cubriendo tantos puestos como le correspondan, según el “cuociente electoral o de adjudicación”.
ARTICULO 28. – Los miembros del Consejo Directivo durarán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reelectos por una sola vez, por el período inmediato. En lo sucesivo sólo podrán ser reelegidos con intervalos mínimos de dos (2) años.
ARTICULO 29. – El Tribunal de disciplina estará compuesto por quince (15) miembros titulares y quince (15) miembros suplentes. Para ser miembro del mismo se requerirá tener una antigüedad de diez (10) años de inscripción en la matrícula como mínimo.
ARTICULO 30. – Los miembros del Tribunal de Disciplina serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados, por el mismo sistema previsto para la Asamblea de Delegados.
ARTICULO 31. – Los miembros del Tribunal de Disciplina durarán dos (2) años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos.
Funcionarán divididos en tres (3) salas de cinco (5) miembros cada una salvo en el supuesto de aplicación de la sanción de exclusión de la matrícula de abogados, en cuyo caso deberán constituirse en Tribunal Plenario, con el concurso de la totalidad de sus integrantes.
ARTICULO 32. – Es de competencia de la Asamblea de Delegados:
a) Reunirse en asamblea ordinaria por lo menos una vez al año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, a los fines de tratar el siguiente temario: memoria, balance y presupuesto de gastos y cálculo de recursos; informes anuales del Consejo Directivo y del Tribunal de Disciplina, si los hubiere; elegir sus propias autoridades (un presidente, un vicepresidente 1ro, un vicepresidente 2do, un secretario gral. y un secretario de actas) y fijar el monto de la cuota anual que deban pagar los matriculados y sus modificaciones;
b) Sancionar un código de ética y sus modificaciones;
c) Sancionar un reglamento interno del Colegio, a iniciativa del Consejo Directivo y en su caso las modificaciones que sean propiciadas;
d) Reunirse en asambleas extraordinarias cuando lo disponga el Consejo Directivo por el voto de ocho (8) de sus miembros como mínimo, o lo solicite un número no inferior al veinticinco por ciento (25 %) de los delegados que integran la asamblea. En dichas asambleas solo podrá tratarse el temario que haya sido objeto de expresa mención en la convocatoria;
e) Tratar y, resolver los asuntos que, por otras disposiciones de esta ley, le competan.
ARTICULO 33. – La convocatoria a asamblea ordinaria deberá notificarse con no menos de veinte (20) días de anticipación a la fecha de celebración. La convocatoria a asamblea extraordinaria requerirá diez (10) días de anticipación como mínimo.
ARTICULO 34. – Dichas convocatorias se notificarán a los delegados en el domicilio real mediante comunicación postal, sin perjuicio de exhibirse la citación en la sede del Colegio, en lugar visible, durante cinco (5) días previos a la celebración.
Las asambleas se constituirán válidamente a la hora fijada para su convocatoria con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.
Transcurrida una hora desde la que se hubiera fijado para su iniciación, se tendrá por constituida válidamente cualquiera fuera sea el número de delegados presentes.
Las decisiones de la Asamblea de Delegados serán adoptadas por mayoría absoluta de votos presentes, salvo los casos determinados por esta ley, o por reglamentación, para los que se exija un número mayor.
ARTICULO 35. – Es de competencia del Consejo Directivo:
a) Llevar la matrícula de los abogados y resolver sobre los pedidos de inscripción, resolver todo lo atinente a las matriculaciones de los abogados y tomar el juramento previsto por el artículo 11 inciso e);
b) Convocar a la Asamblea de Delegados a sesiones ordinarias fijando su temario, conforme lo previsto por el artículo 32 incisos a), b) y c);
c) Convocar a Asamblea Extraordinaria de Delegados en el supuesto previsto en artículo 32, inciso d);
d) Cumplimentar las decisiones y resoluciones de la Asamblea de Delegados si no tuvieren como destinatario específico a otro órgano;
e) Designar anualmente de entre sus miembros, los integrantes de la Comisión de Vigilancia, prevista por el artículo 21, inciso b);
f) Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria de Delegados la memoria, balance general e inventario del ejercicio anterior, así como el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el siguiente ejercicio;
g) Remitir al Tribunal de Disciplina los antecedentes relativos a las faltas previstas en la presente ley;
h) nombrar, remover y ejercer el poder disciplinario sobre el personal designado y/o contratado del Colegio;
i) Ejercer todas las facultades y atribuciones emanadas de la presente ley que no hayan sido conferidas específicamente a otros órganos.
ARTICULO 36. – La representación legal prevista en el inciso i) del artículo anterior será ejercida por el presidente del Consejo Directivo, su reemplazante o el miembro del Consejo Directivo que dicho órgano designe.
ARTICULO 37. – En caso de fallecimiento, remoción, impedimento legal o renuncia del presidente lo reemplazarán el vicepresidente 1ro; el vicepresidente 2do; el secretario general; el tesorero; el prosecretario; y el protesorero, en el orden enunciado. Cuando no se pueda cubrir el cargo de presidente por el procedimiento señalado, el mismo será provisto por el Consejo Directivo, de entre sus miembros, a simple pluralidad de sufragios. El así elegido reemplazará el período del reemplazado. En el interín, el cargo será desempeñado por el vocal que ocupe el primer término en la lista.
ARTICULO 38. – El Consejo Directivo se reunirá como mínimo una (1) vez por mes y cada vez que sea convocado por el presidente o lo solicite la mayoría de sus miembros. Sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por la simple mayoría de los votos presentes. El presidente sólo tendrá voto en caso de empate.
El Consejo Directivo decidirá en sus reuniones toda cuestión que le sea sometida por los matriculados, por los otros órganos del Colegio o por los poderes públicos o entidades gremiales afines y que por esta ley o el reglamento interno del Colegio, sean de su competencia. También resolverá sobre toda cuestión urgente que sea de materia de la Asamblea de Delegados, sujeta a la aprobación de la misma. Dichas resoluciones deberán adoptarse por el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros presentes.
ARTICULO 39. – Es de competencia del Tribunal de Disciplina:
a) Sustanciar los sumarios por violación a las normas éticas sancionadas por la Asamblea de Delegados;
b) Aplicar las sanciones para las que esté facultado;
c) Dictaminar, opinar e informar, cuando de ello le sea requerido;
d) Llevar un registro de penalidades de los matriculados;
e) Rendir a la Asamblea Ordinaria de Delegados, anualmente y por medio del Consejo Directivo, un informe detallado de las causas sustanciadas y sus resultados.
ARTICULO 40. – Los miembros del Tribunal de Disciplina serán recusables por las causas establecidas para los jueces en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no admitiéndose la recusación sin causa.
ARTICULO 41. – La Asamblea de Delegados reglamentará el procedimiento a que se ajustará el Tribunal de Disciplina, como también su modo de actuación –por sala o en pleno–. Dicha reglamentación hará aplicación de los siguientes principios:
a) Juicio oral;
b) Derecho a la defensa asegurando en su caso el sistema de defensa oficial, obligatoria y gratuita;
c) Plazos procesales;
d) Impulso de oficio del procedimiento;
e) Normas supletorias aplicables, observando en primer término las prescripciones del Código de Procedimientos en Materia Penal;
f) Término máximo de duración del proceso.
ARTICULO 42. – El Tribunal de Disciplina podrá disponer directamente la comparecencia de los testigos; realizar inspecciones; verificar expedientes y realizar todo tipo de diligencias. A tales efectos podrá valerse del auxilio de la fuerza pública, cuyo concurso podrá ser requerido a cualquier juez nacional, el que examinadas las fundamentaciones del pedido resolverá sin otro trámite, en el término de cuarenta y ocho (48) horas.
TITULO IV
De los poderes disciplinarios
CAPITULO UNICO
Competencia. Causas. Sanciones. Recursos. Rehabilitación.
ARTICULO 43. – Es atribución exclusiva del Colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos ejercitará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los matriculados.
ARTICULO 44. – Los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esta ley, por las siguientes causas:
a) Condena judicial por delito doloso a pena privativa de la libertad, cuando de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales; o condena que comporte la inhabilitación profesional;
b) Calificación de conducta fraudulenta en concurso comercial o civil, mientras no sean rehabilitados;
c) Violación de las prohibiciones y limitaciones establecidas por el artículo 3 de la presente ley;
d) Retención indebida de documentos o bienes pertenecientes a sus mandantes representados o asistidos;
e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves, en el cumplimiento de sus deberes profesionales;
f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto por la ley arancelaria;
g) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio;
h) Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley.
ARTICULO 45. – Las sanciones disciplinarias serán:
a) Llamado de atención;
b) Advertencia en presencia del Consejo Directivo;
c) Multa cuyo importe no podrá exceder a la retribución mensual de un juez nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal;
d) Suspensión de hasta un (1) año en el ejercicio de la profesión;
e) Exclusión de la matrícula, que sólo podrá aplicarse:
1. Por haber sido suspendido el imputado cinco (5) o más veces con anterioridad dentro de los últimos diez años.
2. Por haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, a pena privativa de la libertad y siempre que de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales. A los efectos de la aplicación de las sanciones, el Tribunal deberá tener en cuenta los antecedentes del imputado.
ARTICULO 46. – En todos los casos que recaiga sentencia penal condenatoria a un abogado, será obligación del tribunal o juzgado interviniente comunicar al Colegio la pena aplicada, con remisión de copia íntegra del fallo recaído y la certificación de que la misma se encuentra firme. La comunicación deberá efectuarse al presidente del Consejo Directivo dentro del término de cinco (5) días de quedar firme la sentencia.
ARTICULO 47. – Las sanciones de los incisos a), b) y c) del artículo 45 se aplicarán por decisión de simple mayoría de los miembros de la sala del Tribunal que prevenga.
La sanción del inciso d) del citado artículo requerirá el voto de dos tercios (2/3) de los miembros de la Sala del Tribunal que prevenga.
La sanción del inciso e) el artículo 45 requerirá el voto de los dos tercios (2/3) de los miembros del tribunal en pleno. Todas las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina serán apelables con efecto suspensivo.
El recurso deberá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la respectiva resolución, en forma fundada, ante la sala o tribunal en pleno que aplicó la sanción.
El recurso será resuelto por la sala de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo que corresponda. El Consejo Directivo del Colegio será parte de la sustanciación del recurso.
Recibido el recurso, la Cámara dará traslado al Consejo Directivo del Colegio, por el término de diez (10) días y, evacuado el mismo, deberá resolver en el término de treinta (30) días.
Cuando se impongan sanciones de suspensión, las mismas se harán efectivas a partir de los treinta (30) días de quedar firmes.
ARTICULO 48. – Las acciones disciplinarias prescribirán a los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y siempre que tuvieren interés en promoverlas hubieran podido razonablemente– tener conocimiento de los mismos. Cuando hubiere condena penal, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias de esta ley será de seis (6) meses a contar desde la notificación al Colegio.
ARTICULO 49. – El Tribunal de Disciplina, por resolución fundada, podrá acordar la rehabilitación del abogado excluido de la matrícula, siempre que hayan transcurrido dos (2) años como mínimo del fallo disciplinario firme y hayan cesado las consecuencias de la condena penal, si la hubo.
ARTICULO 50. – Las sanciones aplicadas por este Tribunal serán anotadas en el legajo correspondiente del profesional sancionado.
La renuncia a la inscripción no impedirá el juzgamiento del renunciante.
TITULO V
Del patrimonio
CAPITULO I
Integración de los fondos del Colegio
ARTICULO 51. – Los fondos del Colegio se formarán con los siguientes recursos:
a) Cuota de inscripción y anual que deberán pagar los abogados inscriptos y en ejercicio de la profesión. Estas cuotas serán fijadas anualmente por la Asamblea de Delegados;
b) Donaciones, herencias, legados y subsidios;
c) Multas y recargos establecidos por esta ley;
d) El importe proveniente de un derecho fijo que se abonará al iniciarse o contestarse cualquier acción judicial ante los jueces o tribunales con intervención de abogados.
La Asamblea fijará el monto de este derecho fijo en base a una proporción del importe de la tasa de justicia que se tribute en juicios por monto indeterminado. Los jueces no darán curso a ninguna presentación sin verificar el pago de este derecho sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos. Quedan exceptuados de esta contribución los profesionales que ejerzan el patrocinio o representación jurídica gratuita, los recursos de hábeas corpus, las acciones de amparo y los casos en que se haya obtenido el beneficio de litigar sin gastos. El sistema de percepción del derecho establecido en esta disposición se realizará mediante un bono que emitirá el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el que podrá convenir con el Banco de la Nación Argentina o el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de recaudación;
e) Con los intereses y frutos civiles de los bienes del Colegio;
f) Con los aranceles que perciba el Colegio por los servicios que preste;
g) Todo otro ingreso proveniente de actividades realizadas en cumplimiento de esta ley.
CAPITULO II
Depósito de los fondos.
Percepción de cuotas
ARTICULO 52. – Los fondos que ingresen al Colegio conforme a lo previsto en el artículo anterior deberán ser depositados en bancos o entidades financieras oficiales.
ARTICULO 53. – Las cuotas a que se refiere el inciso a), del artículo 51, serán exigibles a partir de los sesenta (60) das de su fijación por la Asamblea de Delegados para los abogados matriculados en actividad. Los abogados que se incorporen deberán pagar la cuota anual en el momento de su inscripción.
En ambas situaciones, luego de transcurridos noventa (90) días, el asociado moroso deberá pagar un adicional de la cuota establecida que determinará el Consejo Directivo y su cobro compulsivo se realizará aplicando las disposiciones de la ley de apremio.
Será título ejecutivo la planilla de liquidación suscrita por el presidente y el tesorero del Consejo Directivo o sus reemplazantes.
La falta de pago de tres cuotas anuales se interpretará como abandono del ejercicio profesional y dará lugar a que el Colegio lo suspenda en la matrícula hasta que el matriculado regularice su situación, debiendo el Consejo Directivo comunicar esta situación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin perjuicio de la prosecución de la acción prevista en el segundo párrafo de este artículo.
ARTICULO 54. – Los abogados podrán suspender el pago de los derechos y contribuciones que establece la presente ley en beneficio del Colegio, cuando resuelvan no ejercer temporariamente la profesión en la Capital Federal durante un lapso no inferior a un (1) año, ni superior a cinco (5) años. El pedido de suspensión en el pago deberá fundarse en razones de trabajo en otras jurisdicciones, de enfermedad o de indispensable descanso u otras razones de evidente fundamento, extremos que deberán acreditarse en la forma y mediante los comprobantes que establezca el reglamento que sancione la Asamblea de Delegados.
TITULO VI
Patrocinio y representación gratuitos
ARTICULO 55. – El Colegio establecerá un consultorio gratuito para quienes carecieren de recursos y organizará la defensa y asistencia jurídica de los mismos. A tales efectos deberá admitirse como practicantes a los estudiantes de derecho que lo soliciten, en el número, modo y condiciones que fijará el Consejo Directivo.
ARTICULO 56. – El Consejo Directivo, dentro de los treinta (30) días de constituido el Colegio, deberá dictar el reglamento correspondiente al funcionamiento del consultorio, representación y patrocinio jurídico gratuitos, determinando los requisitos que deberán reunir los solicitantes de este servicio y el modo de designación de los abogados que intervendrán, y las sanciones por su incumplimiento.
ARTICULO 57. – El otorgamiento de poder al abogado designado se hará gratuitamente ante el secretario del juzgado o tribunal que corresponda, en forma de acta.
Las actuaciones de los abogados que cumplan con este servicio estarán exentas de todo tributo.
TITULO VII
Régimen electoral
ARTICULO 58. – Son electores de los órganos del Colegio que por esta ley crea todos los abogados que figuren en el padrón, el que estará integrado por quienes se hallen al día en el pago de la cuota y no estén comprendidos en las incompatibilidades o impedimento del artículo 3 de la presente ley.
Tampoco podrán ser elegidos quienes se hallaren en tal situación. El padrón será expuesto públicamente en la sede del Colegio, por treinta (30) días corridos, con el fin de que se formulen las tachas e impugnaciones que correspondieren por las incompatibilidades e impedimentos previstos en la presente ley.
Depurado el padrón, el Consejo Directivo deberá convocar, dentro de los sesenta (60) días siguientes, a los abogados inscriptos, en condiciones de votar, con el fin de que elijan a las autoridades del Colegio. El pago de las obligaciones en mora causantes de la exclusión, con sus adicionales, antes de los treinta (30) días de la fecha del comicio, determinará la rehabilitación electoral del abogado.
ARTICULO 59. – El reglamento electoral deberá ser aprobado por la Asamblea de Delegados, debiendo ajustarse a las previsiones de la presente ley y en todo lo que no se oponga, se aplicarán las disposiciones de la ley nacional electoral vigente, contemplando las siguientes bases:
a) Las listas que se presentan, para ser oficializadas, deberán contar con el apoyo –por escrito– de no menos de cien (100) abogados habilitados para ser electores. Los candidatos deberán reunir los requisitos previstos en los artículos 24, 26 y 29 de la presente ley, respectivamente;
b) Las listas de candidatos para integrar los distintos órganos del Colegio se presentarán en forma independiente, pudiendo el elector optar por distintas listas para la integración de cada órgano.
TITULO VIII
Disposiciones transitorias
ARTICULO 60. – La Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargará de confeccionar, dentro de los sesenta (60) días corridos de sancionada la presente ley, el padrón provisional de los abogados inscriptos en la matrícula hasta la fecha de su promulgación. A partir de ese momento, automáticamente integrarán la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que por esta ley se crea.
El Consejo Directivo, una vez electo, reglamentará el sistema con que se llevará dicha matrícula, en lo sucesivo.
ARTICULO 61. – La primera elección será presidida por una Junta Electoral de cinco (5) miembros que estará integrada por el juez electoral de la Capital Federal, los vocales de la Cámara Nacional Electoral y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Dicha junta deberá dictar un reglamento electoral aplicable al primer acto eleccionario, ajustándose a las previsiones de la presente ley.
La antigüedad exigida por los artículos 24, 26 y 29 de esta ley, por esta única vez se computará desde la fecha de expedición del título de abogado.
La junta electoral deberá convocar a elecciones dentro de los sesenta (60) días corridos de depurado el padrón electoral provisional, el que estará confeccionado conforme lo establecido por el artículo 60 y expuesto por el término fijado en el artículo 58 de esta ley.
ARTICULO 62. – Constituidas las autoridades del Colegio, la Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hará entrega al Consejo Directivo de los libros, documentos y registros referentes a la matrícula de abogados.
Asimismo, se transferirá sin cargo al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el dominio de los inmuebles donde actualmente funciona, ubicados en la calle Juncal 923–931, de la Ciudad de Buenos Aires, y del mobiliario allí existente, para el funcionamiento del Colegio.
ARTICULO 63. – Dentro de los sesenta (60) días de constituida, la Asamblea de Delegados deberá dictar el reglamento interno del Colegio y el Código de Etica de los Abogados y establecer el monto de la cuota anual prevista por el artículo 51, inciso a), de la presente ley.
ARTICULO 64. – Exceptúase al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a los trámites que sus representantes realicen, del pago de todo impuesto, tasa o contribución nacional o municipal.
ARTICULO 65 – Derógase la ley de facto 22.192 en lo que se refiere al ejercicio de la abogacía en la Capital Federal y cualquier otra norma que se oponga a la presente. Los abogados cuya admisión en la matrícula hubiera sido rechazada o se encuentre pendiente, o quienes hubieran sido sancionados por la aplicación de la citada ley de facto 22.192, podrán, dentro de los ciento ochenta (180) días de constituidas las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, solicitar la revisión de su caso ante el Consejo Directivo.
ARTICULO 66. – El Poder Ejecutivo destinará los fondos que sean necesarios para transferencia del inmueble referido en el artículo 62 de la presente ley y los que se requieran al solo efecto de la puesta en funcionamiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con imputación a “Rentas generales”.
ARTICULO 67. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos ochenta y cinco. J.C. PUGLIESE – V.H. MARTINEZ – Carlos A. Bravo – Antonio J. Macris
Registrada bajo en N° 23.187
