En el marco del trámite parlamentario dado al proyecto de modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo Nro. 24.557, la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Córdoba, se ve en la obligación de efectuar las siguientes consideraciones.
La mencionada norma ha merecido la descalificación de inconstitucional por parte de la mayor parte de los fueros judiciales nacionales, incluidos el de Córdoba y de la propia Corte Suprema de Justicia desde su puesta en vigencia hace más de veinte años. Asimismo, la ley original fue modificada por dos Decretos de Necesidad y Urgencia, los Nro. 1278/00 y 1694/09 y la ley 26.773 que reconocieron las falencias del sistema original.
Han sido estos evidentes desajustes, defectos normativos e inconstitucionalidades, junto a las condiciones de trabajo que provocan los siniestros laborales, las principales fuentes de conflictos y litigios que obligan a los trabajadores siniestrados a llevarlos a resolución del Poder Judicial. Las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo por su parte, encargadas de otorgar las prestaciones y demandadas por aquellos motivos, son la contraparte de los procesos destinados a dirimir el reconocimiento de derechos reparatorios y que, en definitiva, resuelve la Justicia del Trabajo.
Desde algunos sectores se ha afirmado la existencia de una presunta “industria del juicio“ y descalificado la actuación profesional de los abogados laboralistas. En este punto, es de remarcar que no son los letrados los que generan los juicios, sino los encargados de asistir técnica y obligatoriamente a las partes en litigio. Se trata del ejercicio del derecho de defensa y acceso a tutela judicial efectiva (art. 18 CN y arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos) a través de sus auxiliares, los abogados laboralistas de los trabajadores y de las ART, que actúan ante la magistratura del trabajo.
En consecuencia, la AADTSS-Córdoba declara la necesidad de que, frente a la presentación de la iniciativa legislativa actualmente a estudio del Congreso Nacional, se respete un amplio y serio debate, se consulte a los sectores involucrados, se respete la institución del derecho de defensa, se indaguen y se supriman las reales causas de la litigiosidad y, finalmente, se oriente el sistema hacia a una eficaz y completa preservación de la integridad psicofísica de los trabajadores y el establecimiento de condiciones de trabajo decente.
Mauricio César Arese – Presidente Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social-Córdoba
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